El gobierno no quiere traductores e intérpretes profesionales

wooden-actor-1182410-mEn diciembre del 2014 el gobierno aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referente a los servicios de traductores e intérpretes en los juzgados o comisarías. La noticia saltó a todas las redes sociales para protestar sobre la reforma y plantear sus consecuencias para el colectivo de traductores e intérpretes.

A raíz de esta noticia, varios colectivos académicos y organizaciones piden que se garanticen estos servicios por profesionales y no cualquier persona que “domine un poco el idioma” a traducir o interpretar, considerando una “amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal” (según la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados).

Ya hace tiempo me sorprendió bastante que se eliminara el servicio de intérpretes y traductores en las comisarias catalanas. Y también es sorprendente observar cómo funcionan este tipo de servicios a través de empresas a las que se les adjudica estos servicios por concurso. Por desgracia alguna de estas empresas se ha hecho famosa por ofrecer unos servicios pésimos y con condiciones laborales bastante deplorables.
Hay un caso muy famoso que ocurrió en el aeropuerto de Barajas en Madrid. La policía nacional pidió un intérprete de portugués para explicar a unos brasileños que no podían entrar a España, ya que no tenían sus papeles en regla. Al lugar acudió un paquistaní con antecedentes penales y una orden de búsqueda y captura… que terminó detenido.

Con la nueva ley, en este tipo de servicios no garantiza “un(a) profesional con formación, que hable bien los idiomas que dice traducir y que guarde principios éticos básicos”, según indica la petición de retirada de la ley que firmaron más de 4.000 personas, entre ellas muchos profesionales, académicos y estudiantes del sector.

Me parece preocupante que se mande a un intérprete a un juzgado sin garantías de su profesionalidad. Y que además, en la situación actual, las empresas puedan pagar a los inteŕpretes unos 8 o 10 euros por hora, cuando pueden recibir 50 euros de la administración. Si así van las cosas, no me extraña que los profesionales se nieguen a trabajar para estas empresas.

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